El Defensor del Pueblo responde.
La respuesta que estaís recibiendo a la iniciativa de reclamar al Defensor del Pueblo es que en el año 2007 el Defensor del Pueblo solicitó información al Ministerio de Sanidad y Consumo sobre estas cuestiones, quien informó, entre otros aspectos, la imposibilidad de incluir en la prestación como productos dietéticos la financiación de alimentos sin gluten, entendiéndose que esta tenía carácter social y no sanitario.
El Defensor del Pueblo dio traslado de esta cuestión al entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por si estimaba la posibilidad de valorar el establecimiento de ayudas sociales. En su respuesta dicho Ministerio indicó que no existía ningún programa ni línea de subvención específica para el colectivo celiaco, señalando que debería considerarse esa opción por las distintas administraciones territoriales competentes.
El año pasado, consciente de la problemática, el Defensor del Pueblo volvió a abordar estas cuestiones iniciando una serie de actuaciones de oficio ante los órganos administrativos competentes en las distintas Comunidades Autónomas, con el objeto de establecer criterios respecto de la situación planteada.
En el momento actual, todavía sin concluir el análisis de la información que se está recibiendo sobre el diagnóstico realizado en la Comunidad Autónoma, se le traslada que esta institución valora la elaboración de un estudio sobre la situación de las personas celiacas en España, con el fin de contribuir en la adopción de medidas favorecedoras destinadas a mejorar la calidad de vida del colectivo de personas celiacas.
Por ello, desde las diferentes asocaiciones de celiacos pertenecientes a FACE van a requerir a las diferentes comunidades autónomas ayuda para poder aportar alguna solución debido a que Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales indicó que esta problemática que sufren todas las personas celiacas con el alto coste de los productos específicos sin gluten deberían solventarla las distintas administraciones territoriales competentes.
Desde FACE y las 17 asociaciones que la forman pedirán expresamente y con urgencia a los diferentes organismos competentes de las comunidades autónomas que no sigan derivando este problema de unas administraciones a otras y que den salida con la mayor celeridad posible, ya que repercute en la salud de muchos miles de personas de nuestro país.
